La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha cobrado relevancia en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana.
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha cobrado relevancia en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Sin embargo, expertos advierten que esta propuesta podría ser una respuesta superficial a problemas más profundos relacionados con la justicia penal juvenil y las políticas públicas.
Un Marco Legal Obsoleto
Argentina enfrenta una deuda histórica con su legislación sobre justicia penal juvenil, que se basa en un decreto-ley de 1980, creado durante un gobierno de facto. Este marco legal ha sido criticado por su enfoque punitivo y por no alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. La Dra. Micaela L. Mendez, abogada y especialista en derecho penal, señala que es fundamental reformar esta normativa para centrarse en el interés superior del niño y adoptar enfoques más restaurativos.
La Propuesta del Gobierno
El actual gobierno ha impulsado la idea de reducir la edad de imputabilidad bajo el lema "Delito de adulto, penal de adulto". Sin embargo, este enfoque ha sido calificado como demagogia punitivista, ya que ignora las raíces socioeconómicas que contribuyen al aumento de la violencia y criminalidad entre los jóvenes. Los datos presentados por el Poder Ejecutivo muestran un incremento en las causas penales iniciadas contra niños, niñas y adolescentes, pero no distinguen adecuadamente entre los diferentes grupos etarios ni los tipos de delitos.
Análisis Crítico
Un informe reciente revela que, aunque hubo un aumento del 7.5% en las causas penales en 2023, el 71% de los involucrados no tenía antecedentes penales. Además, el 83% de las causas se relacionan con delitos contra la propiedad, lo que sugiere que muchos jóvenes no son delincuentes reincidentes sino que se encuentran en situaciones vulnerables. Esto pone en duda la eficacia de medidas punitivas como la reducción de la edad de imputabilidad.
Contexto Socioeconómico
Los datos también indican que una gran parte de los adolescentes involucrados en el sistema judicial provienen de contextos socioeconómicos desfavorables. La falta de acceso a educación y servicios básicos podría ser un factor determinante en su comportamiento delictivo. En este sentido, expertos sugieren que las políticas públicas deberían enfocarse en intervenciones sociales y educativas más que en medidas punitivas.
Conclusiones
La baja de la edad de imputabilidad es un tema complejo que requiere un análisis profundo y contextualizado. En lugar de buscar soluciones rápidas a problemas estructurales, es crucial desarrollar políticas integrales que aborden las causas subyacentes del delito juvenil y respeten los derechos humanos. La discusión debe ir más allá del castigo y centrarse en la rehabilitación y prevención.
